AUGUSTO ALVAREZ RODRICH

Director del Diario Perú 21

viernes, agosto 11, 2006

EL CASTIGO AL VIOLADOR : ¿ES LA PENA DE MUERTE UNA RESPUESTA ACERTADA ? NO.

El presidente Alan García reiteró ayer su intención de impulsar una reforma constitucional que permita establecer la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores.

No se trata de un planteamiento sacado de la manga por el jefe de Estado con el fin de congraciarse con una ciudadanía que -es obvio- está mayoritariamente a favor de esta drástica medida, puesto que él mismo la propuso en la campaña electoral y la insinuó durante el mensaje a la nación con el que inauguró su mandato.

Pocos crímenes pueden producir tanta indignación como la violación y el asesinato de un menor, y es evidente que la sociedad peruana ha tenido una mirada excesivamente contemplativa ante una lacra como esta, que se ha extendido sin que encuentre una forma de ser contrarrestada. No hay duda, por tanto, de que constituye un delito que debe ser encarado con decisión y firmeza.

La interrogante, sin embargo, es sobre la manera correcta de hacerlo. La pena más drástica -la de muerte- se presenta ahora como una solución y es comprensible que la mayoría de personas piense de ese modo, es decir, que, como ha dicho el presidente, esos criminales atroces no tienen derecho a vivir.

La respuesta, sin embargo, debe analizarse con cabeza fría a pesar de que estamos ante un delito que afecta la posibilidad de actuar de ese modo.

Al margen de la posición individual que cada persona tenga sobre la vigencia de la pena de muerte, lo cual no pasa por un asunto ideológico o político, sino de principios -y este columnista declara, por este motivo, su oposición a la misma-, lo relevante es cuán efectivo puede ser este castigo definitivo para corregir ese terrible mal.

La experiencia internacional en la materia concluye que lo más probable es que la pena de muerte no sería una medida efectiva que contrarrestaría la violación de menores, y ahí radica un motivo práctico de su inconveniencia. Asimismo, su aplicación demoraría, en el mejor de los casos, más de cuatro años. Entonces, ¿no sería más útil y realista pensar en qué hacemos, mientras tanto, frente a esta lacra?