IMPETU DESMEDIDO : EL PRESIDENTE DEBE PREPARAR MEJOR SUS PROPUESTAS

En menos de dos semanas de haber empezado su gobierno, el presidente Alan García ya ha encontrado varios obstáculos institucionales y legales que frenan algunas de sus propuestas.

La primera ocurrió cuando se insinuó una modificación legal para permitir que el congresista Javier Valle Riestra renunciara al puesto para el que fue elegido, con el fin de que se trasladara a Washington como embajador ante la OEA. Felizmente, al poco tiempo, se reconoció la inviabilidad y falta de sentido de este planteamiento.

La segunda propuesta todavía no se ha concretado y será debatida hoy en el pleno del Congreso. Esta se refiere al proyecto de ley del concejal joven, una idea positiva pero que implicaría el grave perjuicio de tener que alterar la norma electoral cuando el proceso ya ha empezado. Mejor es respetar este principio fundamental y no sentar un precedente negativo.

La tercera es la propuesta para proceder a una reforma constitucional que permita aplicar la pena de muerte a los violadores de menores. Es una propuesta que encaja políticamente muy bien con la legítima indignación ciudadana ante un crimen tan tremendo como este.

Sin embargo, al margen de la cuestión moral y de principios que nos lleva a algunos a oponernos a esta propuesta, y al hecho de que está demostrado que no contribuirá efectivamente a detener este lamentable delito, además de que su aplicación en la práctica tomaría varios años -quizá más de los que le corresponde gobernar al presidente García-, es evidente que concretar una reforma como esta implica más de un obstáculo constitucional e internacional vinculado a los pactos firmados por el Estado peruano.

No por gusto los responsables de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia han manifestado sus reparos fundamentados a la pena capital. Sorprende, en este sentido, la poca coordinación entre el Presidente y su gabinete que revela esta discrepancia.


Por el bien del sistema democrático y de su propio régimen, haría bien el jefe de Estado en reconocer todas estas restricciones legales e institucionales. Y en respetarlas.