LOS MINISTROS NO SON JUECES : LA IMPORTANCIA DE LA SEPARACION DE PODERES

Existe consenso sobre la conveniencia de que el Estado financie la defensa legal de los militares y policías procesados por la supuesta violación de derechos humanos durante los ochenta y los noventa, tal como anunció el viernes el presidente Alan García. Principalmente, porque es injusto dejar a la deriva a quienes arriesgaron sus vidas con el fin de salvar a la sociedad y que puedan estar siendo acusados injustamente.

El problema con la norma es que, como ha sido reportado por la CVR, diversos medios de comunicación y otras entidades, se puede presumir que no todos ellos han sido injustamente acusados, es decir, que existen personas en dicho grupo que sí violaron los derechos humanos.

Por ello, surge la interrogante sobre el alcance del decreto, particularmente si incluirá, por ejemplo, a los integrantes del Grupo Colina, sobre quienes existen evidencias contundentes de su participación en matanzas intolerables.

La respuesta del ministro de Defensa, Allan Wagner, en el sentido de que el Estado no defenderá a todos "sino solo a aquellos que realmente lo merezcan", encierra el problema de que ni los ministros ni los funcionarios de sus despachos, ni la CVR, ciertamente, son los llamados a determinar la situación de los efectivos procesados.

La decisión de quiénes son los 'injustamente acusados' es únicamente de los jueces. De nadie más. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el asunto de la investigación abierta al ex candidato Ollanta Humala, en cuyo caso -como en todos- es la justicia la que deberá pronunciarse, sin interferencia política.

El tema de fondo que se pretende destacar es la relevancia que tiene la separación de poderes y atribuciones en una democracia, lo cual debe respetarse aun al costo de acabar defendiendo a impresentables.

Finalmente, junto con saludar la decisión del Gobierno de asumir la defensa judicial de los militares y policías, también se debe prestar atención a los trabajos en marcha para proceder a reparar los daños infligidos a los ciudadanos perjudicados durante los años de la violencia.

REINVINDICACION ....¿Y JUSTICIA ? :LAS RESPONSABILIDADES EN LA LUCHA CONTRA SENDERO

Es correcta y justa la decisión del Gobierno -anunciada el viernes por el presidente Alan García en el Día de las Fuerzas Armadas- de asumir el costo de la defensa judicial de los efectivos militares y policiales procesados por la supuesta violación de derechos humanos durante las dos décadas de horror que vivió el Perú.

Es un principio elemental por el cual la institución debe asistir a sus integrantes cuando, por el desempeño de sus funciones, son llevados a la justicia.

Lo mismo debería ocurrir, por ejemplo, en el caso absurdo abierto al ingeniero Jorge Kunigami por su actuación al frente de Osiptel; o, si se mira al sector privado, en un medio de comunicación cuando uno de sus periodistas es enjuiciado.

La decisión sobre el ámbito militar-policial es compleja debido a que, como se asume la inocencia de toda persona hasta que la justicia demuestre lo contrario, esta tendría que alcanzar, incluso, al 'Grupo Colina'.

Este último caso es relevante para entender los alcances del anuncio del Gobierno. Su participación debería limitarse al costo de la defensa legal, pero es el Poder Judicial el que debe decidir -sin presiones- en cada caso, salvo que se pretenda imponer la impunidad. Porque es obvio que entre los militares y policías que pelearon contra Sendero Luminoso hay muchos héroes, pero, también, lamentablemente, algunos villanos.

El problema con la decisión gubernamental no radica en la medida en sí misma, la cual es correcta, sino en la forma como fue anunciada, específicamente por las menciones fuera de lugar del jefe de Estado cuando se refirió a que quienes no derramaron sangre en la lucha contra SL no tienen derecho a criticar la manera como se encaró este hecho.

El tono usado por el presidente García parece implicar una defensa cerrada de las FF.AA., lo cual parece, en realidad, una autodefensa, pues a nadie escapa que los graves errores cometidos en la lucha antiterrorista fueron aprobados por gobiernos como el suyo, durante el cual se violó los derechos humanos con la vista gorda e irresponsabilidad de las autoridades civiles.

JUECES Y PERIODISTAS : LOS CASOS INJUSTOS DE BETO ORTIZ Y MAURICIO AGUIRRE

Jueces y periodistas solemos tener una relación difícil que se ha vuelto a evidenciar con la detención, con las manos en la masa, de un vocal supremo.

Esto obedece a que los dos oficios comparten la función de 'juzgar', los magistrados con sus fallos en las cortes y los periodistas con sus opiniones en los medios. Pero nosotros solo damos cuenta a la opinión pública, ellos sentencian, y los procedimientos son diferentes. Los de ellos, lentos y regulados; los nuestros, ágiles e informales. Quizá eso explique la dificultad para entendernos mejor.

Ambos debemos, además, cumplir nuestra misión con rigor e independencia de cualquier interés particular. Servimos a la ciudadanía y debemos actuar según nuestra conciencia, le duela a quien le duela.

Como es obvio, sin embargo, no siempre es así. Por un lado, no se puede poner las manos al fuego por todos los periodistas y, lamentablemente, en el gremio hay más de un filibustero. Por el otro, varios jueces actúan mal y sus penurias las damos a conocer nosotros, lo cual alimenta el encono de algunos magistrados hacia los periodistas. Pero, a diferencia de los jueces, donde se cumple lo de 'otorongo no come otorongo', el barrio periodístico es, más bien, uno de broncas.

Quizá por estas diferencias de enfoque, cuando los periodistas caemos en las manos de los jueces, nos suelen tratar muy mal y hasta con injusticia. Eso es lo que está ocurriendo actualmente -como lo ha destacado IPYS- con los periodistas Beto Ortiz y Mauricio Aguirre.

Aguirre enfrenta la posibilidad de prisión de ocho años por difundir un video de Alberto Fujimori con el Consejo de Defensa Nacional. Ortiz tiene una orden de captura en un juicio por, supuestamente, haber ocultado el audio de César Almeyda, un proceso en el que los magistrados han asumido -erradamente- que la prensa debe entregar a la justicia información aún no publicada sobre un hecho delictivo, lo cual limita el periodismo de investigación.

Ambos solo cumplían su misión periodística, y eso es lo que no están entendiendo las autoridades judiciales que, injustamente, los acusan.

MANOS EN LA MASA : LA LUCHA POR LA TRANSPARENCIA EN EL PODER JUDICIAL

La detención del vocal supremo Eduardo Palacios Villar cuando iba a recibir una coima de 400 soles -de un total de cinco mil- por parte de un litigante es, en principio, una mala noticia pues constituye una confirmación más del problema profundo de corrupción que campea en la justicia peruana, pero es, al mismo tiempo, una buena noticia si se considera la importancia de que este poder del Estado identifique y extirpe a sus malos integrantes.

El problema de fondo, sin embargo, es que dicha detención es un hecho aislado que, más allá de asustar por unos días a algunos malos jueces, no ayuda a resolver el meollo del asunto, que no es otro que el de crear los incentivos y los procesos que promuevan una justicia eficiente, honesta y políticamente autónoma.

El gobierno anterior creyó que bastaba elevar las remuneraciones de los jueces para sacar a la justicia del marasmo en el que se encuentra desde hace mucho tiempo. El supuesto del cual partía era absolutamente errado, es decir, que la gente roba porque gana poco. No es así: el corrupto lo es bajo cualquier nivel salarial. Curiosamente, un argumento con el que el presidente Alejandro Toledo justificaba su alta remuneración inicial era, precisamente, el de no tener incentivos para caer en falta.

Por su parte, el gobierno actual no ha planteado, hasta el momento, una propuesta para atacar los graves males del Poder Judicial, lo cual es lamentable pues, en contra de lo que se cree, una justicia corrupta es una realidad que afecta negativamente la calidad de vida de la población y la competitividad de la economía peruana.

Sin duda, reformar la justicia no es una tarea sencilla, no porque falten ideas sobre cómo hacerlo, sino porque existen fuerzas muy poderosas que se oponen. Por ejemplo, aquellos que creen que es un insulto a la inteligencia y a la dignidad de los jueces la propuesta indispensable del IDL para promover la transparencia en la designación de los jueces.

Mientras esto siga siendo un proceso clandestino, seguirá habiendo jueces que se vendan por 400 soles o por un millón de dólares.

LIMON DE EMOLIENTERO :LOS RIESGOS DEL PAPEL DE MEDIADOR DEL PREMIER

El premier Jorge del Castillo logró controlar ayer -al menos por el momento- otro incendio, esta vez en relación con el conflicto entre la comunidad de Combayo y Yanacocha, gracias al acuerdo que establece que la población no se opone al desarrollo minero en la zona y la empresa asume una serie de compromisos de interés para los habitantes de su ámbito de operación.

Hace bien el Gobierno en mediar en un conflicto como este que involucra, por un lado, a una de las zonas más pobres del país y, por el otro, a una de las principales empresas de la economía peruana.

Esto ocurre en el contexto del esfuerzo gubernamental para canalizar recursos del sector minero a proyectos que apunten a combatir la pobreza extrema en las zonas donde operan estas compañías, lo cual requiere, además, de una mejor relación de las comunidades con las empresas. Si el caso de Yanacocha evoluciona favorablemente, su solución podría servir de modelo a ser replicado en otras regiones.

La pregunta que surge, sin embargo, se refiere a las consecuencias del papel de bombero que está asumiendo, crecientemente, el premier Del Castillo. Sin duda, la presencia de alguien con su jerarquía -la segunda en el Ejecutivo- en cada conflicto en que el Gobierno se ve muchas veces obligado a intervenir, contribuye a facilitar acuerdos que, con frecuencia demandan una mirada global del Gobierno y no solo desde un sector.

No obstante, el riesgo es que, en el camino, la posición política del premier Del Castillo sufra un desgaste prematuro que lo deje como limón de emolientero, sin la fuerza necesaria para seguir actuando como parachoques político del régimen.

Para evitarlo, es indispensable que el premier empiece a prestar atención al planteamiento de reformas más ambiciosas en áreas básicas, como la educación, la salud, la justicia o la seguridad pública, que es -hasta el momento- la principal falencia del Gobierno.

Su carencia no solo desgastará rápidamente al premier sino al gobierno en su conjunto. Y, entonces, el incendio sería de mayor alcance y más difícil de apagar.

COMO PEDRO POR SU CASA : ¿PARA AMIS AMIGOS TODO, PARA MIS ENEMIGOS LA LEY ?

Encandilados porque el presidente Alan García no ha anunciado una estatización de bancos ni capturado ahorros en dólares y, más bien, sigue un camino sensato en el manejo económico, aunque sin la decisión de lanzar alguna reforma de importancia, con excepción de la que se asoma en el sector Defensa, muchos están dejando de ver -u optan por no ver- lo que se podría estar deslizando, peligrosamente, como parte de una estrategia política del Gobierno.

Algunos indicios referidos al ámbito judicial apuntan, lamentablemente, en esa dirección: el proceso penal abierto a Ollanta Humala por presuntos delitos contra los derechos humanos y la creación de la Procuraduría Ad Hoc para investigar la corrupción del gobierno de Alejandro Toledo.

Son dos situaciones que, sin duda, se debe investigar con rigurosidad, imparcialidad y un debido proceso. Lo curioso, sin embargo, es que, frente al caso de Humala, no se percibe un esfuerzo similar con otros militares y policías que estarían en problemas parecidos. Y en cuanto al gobierno de Toledo, varias de las situaciones de corrupción que se presentaron durante el quinquenio anterior ya están siendo investigadas.

Más curiosos, sin embargo, son el entusiasmo notorio y el respaldo político de los principales líderes del Apra frente a ambos casos, lo cual es radicalmente diferente de la posición contemplativa y conciliadora que sí se observa en ellos en relación con la situación judicial del ex presidente Alberto Fujimori, quien todavía es un prófugo de la justicia peruana.

Lamentablemente, a nadie escapa la estrecha relación que existe entre el Partido Aprista y el Poder Judicial, en que el primero se pasea 'como Pedro por su casa', un dicho que se aplica a la persona que se mueve con desenvoltura en un lugar que no le es propio (o no debería serlo).

Y, lamentablemente, también, hasta el momento no se encuentra en algún líder aprista o del gobierno alguna señal que permita avizorar un indicio de que se pretende reformar el Poder Judicial para que este pueda ser políticamente autónomo, eficiente y honesto.

EL SHERIFF DISPARA : EL SENTIDO DE LA CANDIDATURA APRISTA DE JIMENEZ

El coronel Benedicto Jiménez está disparando con entusiasmo a Luis Castañeda buscando cobrar notoriedad en el afán de reemplazarlo en el cargo que este ocupa.

Ha ofrecido, incluso, instalar una celda en la Plaza Mayor para colocar ahí a los corruptos, deslizando la posibilidad de que el actual alcalde sea uno de ellos. Pero, hasta ahora, no parece haber dado en el blanco de las preferencias ciudadanas.

La selección de Jiménez por parte del Apra se presta a varias interpretaciones. Una es que lanzar a un policía en retiro que, además, fue uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán, es una buena apuesta en una ciudad que está crecientemente preocupada por la falta de seguridad y que demanda orden y autoridad.

Que la seguridad es un factor clave en la elección también lo refleja la designación de Gino Costa -un ex ministro del Interior- como candidato de Somos Perú.

En este sentido, un buen policía en la alcaldía para combatir a tanto 'choro' suelto parece ser la idea de fondo detrás de la candidatura de Jiménez, aprovechando, además, que es en el rubro de seguridad donde la gestión municipal de Castañeda sale desaprobada. Esta es la única asignatura que reprueba un alcalde que obtiene un promedio sobresaliente de acuerdo con las diferentes encuestas.

Desde ese punto de vista, la selección de Jiménez sería correcta. No obstante, su candidatura todavía no despega, y Castañeda sigue obteniendo una alta posibilidad de éxito en los comicios de noviembre.

Quizá ello se explique por la corta trayectoria política y de gestión pública de Jiménez en comparación con la de Castañeda, lo cual da lugar a una segunda interpretación de la selección hecha por el Apra.

Esta sería que este partido necesitaba un candidato propio con el fin de no perder presencia y arrastrar a las postulaciones distritales, pero de un calibre tan ligero que no le hiciera mella a un alcalde con el que el Gobierno parece sentirse bastante cómodo para trabajar de manera coordinada y llevando la fiesta en paz.

SNIP, SNIP, POR EL SNIP : EN LUGAR DE DENIGRALO HAY QUE FORTALECERLO

Originalmente creado, mientras agonizaba el gobierno de Alberto Fujimori y con el soporte de los organismos multilaterales, como la instancia para supervisar que la inversión pública se realice con eficiencia y honestidad, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se ha ganado, injustamente, una mala fama, lo cual amenaza la posibilidad de que el Estado invierta bien sus escasos recursos.

En el Perú se invierte poco en infraestructura y en servicios básicos indispensables para el establecimiento de condiciones para el progreso de las personas y la competitividad del país. Sin embargo, lo poco que se invierte no se suele hacer con eficiencia.

Por ello, con frecuencia, el gobierno toma decisiones incorrectas en la inversión pública, duplicando esfuerzos o iniciando proyectos innecesarios o no prioritarios, ya sea por información incorrecta o por presión de grupos de interés determinados.

Para evitarlo, y para asegurar que el Estado invierta correctamente, teniendo en cuenta la indispensable necesidad de usar bien los recursos escasos y la multiplicidad de fines, es que fue creado el SNIP.

Lamentablemente, sin embargo, este sistema ha sufrido un ataque sostenido por parte de políticos, autoridades de todo nivel -Ejecutivo, Congreso, municipios y gobiernos regionales- y de la propia población, los cuales ven en el SNIP un obstáculo para la ejecución de obras públicas.

Uno de los que hizo mayor campaña fue el ex presidente Alejandro Toledo, quien, injustamente, llamó 'talibanes' a sus responsables. Ahora, no solo se libera a empresas como Petroperú y Sedapal de pasar por la evaluación de su inversión, sino que desde el propio sector empresarial -como el minero- se plantea que el aporte extraordinario que acaba de realizar se haga al margen del SNIP, como si evaluar bien los proyectos, antes de ejecutarlos, fuera algo negativo. Lo que no hacen en sus empresas quieren que lo haga el Estado.

En lugar de seguir denigrando al SNIP, este debe ser fortalecido, salvo que se quiera seguir invirtiendo mal -y sin honestidad- los escasos recursos públicos.

LA RENUNCIA DE UN CONGRESISTA : SE DEBE CAMBIAR LA CONSTITUCION PARA PERMITIRLA

La modificación constitucional propuesta para que los congresistas de la República puedan renunciar a su puesto parece una decisión correcta.

Para empezar, como un principio laboral básico, toda persona no debería estar obligada a permanecer en un cargo -cualquier que sea este- si ya no le interesa el mismo. Mal favor se le haría a un Congreso si se mantuviera la disposición de que uno de sus integrantes tuviera que seguir trabajando en él en contra de su voluntad pues, sin duda, su desempeño sería obviamente negativo.

Asimismo, no debería haber un impedimento para que un parlamentario opte por dejar el cargo para el que fue elegido si incluso ya está prevista en la Constitución la posibilidad de que pueda hacerlo el presidente de la República. Sin duda, la trascendencia del relevo del jefe de Estado es mucho mayor y más compleja y traumática que la salida de un integrante del Congreso, por lo que no debería ponerse obstáculos para el caso de la eventual renuncia de sus miembros.

Ciertamente, junto con la modificación constitucional para permitir la renuncia de un congresista, también se debería fijar algún tipo de sanción posterior a quien hiciera uso de esta prerrogativa. Por ejemplo, el impedimento de volver a postular al Parlamento -y quizá a algún otro cargo al que se requiera llegar por los votos, como alcalde, regidor o presidente regional- durante, por lo menos, cinco años, lo cual obligaría a los candidatos a pensar bien su interés en el cargo antes de lanzarse al mismo.

Es cierto que la facultad de renunciar al Congreso podría prestarse para algún tipo de engaño originado por el hecho de que una lista de candidatos podría incluir a personas populares con el único fin de atraer votos, pero que luego renunciarían para permitir el acceso al Parlamento de otras personas sin mucha capacidad de entusiasmar al elector. Pero algún tipo de riesgo hay que correr y, la verdad, es probable que no haya muchos de estos casos.

Por lo indicado, la reforma constitucional propuesta debería ser aprobada de acuerdo con los procedimientos regulares

PAPA CALIENTE : PROTESTA REGIONAL ES EL GRAN PROBLEMA DEL GOBIERNO

Los incidentes en Cajamarca en relación con Yanacocha -el primer conflicto de importancia que le toca resolver al gobierno actual- constituyen una señal de por dónde van a venir los problemas principales del gobierno de Alan García.

No van a partir desde un Congreso confundido, ni desde un sindicalismo debilitado ni, tampoco, desde una oposición política carente de liderazgo, sino desde las regiones más pobres que -como Cajamarca- tienen muchos años de atraso y donde las oportunidades son escasas.

En este sentido, sería un error interpretar que el reclamo de los cajamarquinos parte únicamente de su mala relación con la empresa minera. Ciertamente, deben haber varios problemas por resolver en dicha vinculación, pero el tema de fondo en la protesta no es otro que la pobreza extrema que impera en la zona debido a muchos años de falta de políticas eficientes para atender las condiciones de vida básicas de dicha región, al igual que de muchas otras del país.

Esta situación produce no solo pobreza material sino -quizá con mucha justificación- un rencor profundo y una desconfianza hacia la autoridad y hacia todo lo que signifique islas de progreso, como lo es una operación minera exitosa como la de Yanacocha.

Los incidentes se producen, paradójicamente, justo después de que se haya acordado el aporte especial de las mineras por las ganancias elevadas que han obtenido debido a los altos precios.

Es probable, sin embargo, que, ahora que habrá estos quinientos millones de soles anuales para asuntos sociales en las zonas mineras, los conflictos se acrecienten. Con frecuencia, estos problemas se agravan cuando se discute cómo distribuir los excedentes económicos.

La respuesta a esta situación es compleja, además, por la carencia de partidos políticos con la capacidad de representar adecuadamente a la población, lo cual genera que la protesta sea más difícil de canalizar. Esta será, sin duda, la fuente de problemas más difícil del gobierno.

Sin reformas de fondo y de largo aliento, no habrá solución estable y definitiva a estas bombas de tiempo.

ATERRIZAJE SUAVE : EL PRIMER MES DEL GOBIERNO DE ALAN GARCIA

En contra de la mayoría de previsiones que vislumbraban turbulencia alta al comienzo de la Presidencia de Alan García, su primer mes ha sido un período bastante tranquilo en términos políticos, con un régimen que ha logrado construir, gracias a sus propias movidas pero también por la confusión de la oposición, una luna de miel.

Si una preocupación inicial del Gobierno fue lograr un 'aterrizaje suave' en la transferencia del poder, de hecho lo ha conseguido. A diferencia de los relevos presidenciales de por lo menos las últimas tres décadas, el pase de Alejandro Toledo a García se ha producido con fluidez y con la sensación de que no hay modificaciones de fondo en el manejo gubernamental.

Esto es particularmente interesante si se tiene en cuenta el enorme recelo que existía, hasta hace poco, por la vuelta de García al poder. Sin duda, la preocupación que generó en muchos un eventual gobierno de Ollanta Humala, así como la prudencia con la que se ha manejado el líder aprista, han contribuido a este resultado.

Las políticas de base siguen siendo las mismas y se percibe una evidente continuidad que se expresa, por ejemplo, en la ratificación de acuerdos comerciales firmados por el gobierno previo.

Esto se explica, por un lado, por el reconocimiento -no muy abierto, la verdad, pero sí en los hechos- de que había muchas cosas positivas por preservar, y, por el otro, por la designación, en el nuevo gobierno, de más de un funcionario del régimen anterior.

Los cambios parecen limitarse, hasta el momento, al estilo del Gobierno, con un mucho mejor manejo de las señales a la población, sustentadas en la austeridad en el uso de los recursos públicos, lo cual es importante para ganar tiempo.

Una pregunta interesante, sin embargo, es para qué quiere 'ganar tiempo' el gobierno de García. Porque es evidente que, sin reformas de fondo en áreas cruciales -educación, salud, seguridad, justicia, etc.-, la turbulencia estará a la vuelta de la esquina. Ojalá que la nueva administración se apure en organizarse para que las pueda plantear y poner en marcha