LA RENUNCIA DE UN CONGRESISTA : SE DEBE CAMBIAR LA CONSTITUCION PARA PERMITIRLA

La modificación constitucional propuesta para que los congresistas de la República puedan renunciar a su puesto parece una decisión correcta.

Para empezar, como un principio laboral básico, toda persona no debería estar obligada a permanecer en un cargo -cualquier que sea este- si ya no le interesa el mismo. Mal favor se le haría a un Congreso si se mantuviera la disposición de que uno de sus integrantes tuviera que seguir trabajando en él en contra de su voluntad pues, sin duda, su desempeño sería obviamente negativo.

Asimismo, no debería haber un impedimento para que un parlamentario opte por dejar el cargo para el que fue elegido si incluso ya está prevista en la Constitución la posibilidad de que pueda hacerlo el presidente de la República. Sin duda, la trascendencia del relevo del jefe de Estado es mucho mayor y más compleja y traumática que la salida de un integrante del Congreso, por lo que no debería ponerse obstáculos para el caso de la eventual renuncia de sus miembros.

Ciertamente, junto con la modificación constitucional para permitir la renuncia de un congresista, también se debería fijar algún tipo de sanción posterior a quien hiciera uso de esta prerrogativa. Por ejemplo, el impedimento de volver a postular al Parlamento -y quizá a algún otro cargo al que se requiera llegar por los votos, como alcalde, regidor o presidente regional- durante, por lo menos, cinco años, lo cual obligaría a los candidatos a pensar bien su interés en el cargo antes de lanzarse al mismo.

Es cierto que la facultad de renunciar al Congreso podría prestarse para algún tipo de engaño originado por el hecho de que una lista de candidatos podría incluir a personas populares con el único fin de atraer votos, pero que luego renunciarían para permitir el acceso al Parlamento de otras personas sin mucha capacidad de entusiasmar al elector. Pero algún tipo de riesgo hay que correr y, la verdad, es probable que no haya muchos de estos casos.

Por lo indicado, la reforma constitucional propuesta debería ser aprobada de acuerdo con los procedimientos regulares