LOS MINISTROS NO SON JUECES : LA IMPORTANCIA DE LA SEPARACION DE PODERES

Existe consenso sobre la conveniencia de que el Estado financie la defensa legal de los militares y policías procesados por la supuesta violación de derechos humanos durante los ochenta y los noventa, tal como anunció el viernes el presidente Alan García. Principalmente, porque es injusto dejar a la deriva a quienes arriesgaron sus vidas con el fin de salvar a la sociedad y que puedan estar siendo acusados injustamente.

El problema con la norma es que, como ha sido reportado por la CVR, diversos medios de comunicación y otras entidades, se puede presumir que no todos ellos han sido injustamente acusados, es decir, que existen personas en dicho grupo que sí violaron los derechos humanos.

Por ello, surge la interrogante sobre el alcance del decreto, particularmente si incluirá, por ejemplo, a los integrantes del Grupo Colina, sobre quienes existen evidencias contundentes de su participación en matanzas intolerables.

La respuesta del ministro de Defensa, Allan Wagner, en el sentido de que el Estado no defenderá a todos "sino solo a aquellos que realmente lo merezcan", encierra el problema de que ni los ministros ni los funcionarios de sus despachos, ni la CVR, ciertamente, son los llamados a determinar la situación de los efectivos procesados.

La decisión de quiénes son los 'injustamente acusados' es únicamente de los jueces. De nadie más. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el asunto de la investigación abierta al ex candidato Ollanta Humala, en cuyo caso -como en todos- es la justicia la que deberá pronunciarse, sin interferencia política.

El tema de fondo que se pretende destacar es la relevancia que tiene la separación de poderes y atribuciones en una democracia, lo cual debe respetarse aun al costo de acabar defendiendo a impresentables.

Finalmente, junto con saludar la decisión del Gobierno de asumir la defensa judicial de los militares y policías, también se debe prestar atención a los trabajos en marcha para proceder a reparar los daños infligidos a los ciudadanos perjudicados durante los años de la violencia.