AUGUSTO ALVAREZ RODRICH

Director del Diario Perú 21

jueves, septiembre 28, 2006

REINVINDICACION ....¿Y JUSTICIA ? :LAS RESPONSABILIDADES EN LA LUCHA CONTRA SENDERO

Es correcta y justa la decisión del Gobierno -anunciada el viernes por el presidente Alan García en el Día de las Fuerzas Armadas- de asumir el costo de la defensa judicial de los efectivos militares y policiales procesados por la supuesta violación de derechos humanos durante las dos décadas de horror que vivió el Perú.

Es un principio elemental por el cual la institución debe asistir a sus integrantes cuando, por el desempeño de sus funciones, son llevados a la justicia.

Lo mismo debería ocurrir, por ejemplo, en el caso absurdo abierto al ingeniero Jorge Kunigami por su actuación al frente de Osiptel; o, si se mira al sector privado, en un medio de comunicación cuando uno de sus periodistas es enjuiciado.

La decisión sobre el ámbito militar-policial es compleja debido a que, como se asume la inocencia de toda persona hasta que la justicia demuestre lo contrario, esta tendría que alcanzar, incluso, al 'Grupo Colina'.

Este último caso es relevante para entender los alcances del anuncio del Gobierno. Su participación debería limitarse al costo de la defensa legal, pero es el Poder Judicial el que debe decidir -sin presiones- en cada caso, salvo que se pretenda imponer la impunidad. Porque es obvio que entre los militares y policías que pelearon contra Sendero Luminoso hay muchos héroes, pero, también, lamentablemente, algunos villanos.

El problema con la decisión gubernamental no radica en la medida en sí misma, la cual es correcta, sino en la forma como fue anunciada, específicamente por las menciones fuera de lugar del jefe de Estado cuando se refirió a que quienes no derramaron sangre en la lucha contra SL no tienen derecho a criticar la manera como se encaró este hecho.

El tono usado por el presidente García parece implicar una defensa cerrada de las FF.AA., lo cual parece, en realidad, una autodefensa, pues a nadie escapa que los graves errores cometidos en la lucha antiterrorista fueron aprobados por gobiernos como el suyo, durante el cual se violó los derechos humanos con la vista gorda e irresponsabilidad de las autoridades civiles.