FEDERICO DANTON : LAS CONSECUENCIAS POLITICAS DE UN HECHO PRIVADO

De acuerdo con lo señalado ayer en dias pasados sobre el tratamiento periodístico de los asuntos privados de las personas públicas, una vez que el propio presidente Alan García admitió que tiene un hijo nacido en febrero de 2005, sí corresponde informar apropiadamente a los lectores , sobre algo que, sin duda, es una noticia.

En tanto lo ocurrido no tiene una incidencia sobre el presupuesto público, ni está vinculado a un tráfico de influencias, ni existe un reclamo para el reconocimiento de la paternidad, el asunto sigue perteneciendo a la esfera personal y no debería originar, por tanto, condena ni elogio en ese terreno.

Pero, al haberlo hecho público él mismo, sí da lugar a un tratamiento noticioso y editorial, no en cuanto a sus efectos en el ámbito personal, toda vez que cada cual maneja sus asuntos privados como mejor le parezca o pueda hacerlo, sino en relación con las eventuales consecuencias políticas que pueda implicar.

Todo acto presidencial suele tenerlo y este no es la excepción. Desde una óptica política, cabe destacar la manera como García ha manejado la situación en el ámbito público, admitiendo al hijo y evitando los efectos devastadores en su imagen que sí tuvo en el ex presidente Alejandro Toledo su relación con su hija Zaraí.

Entonces, como se comentó en este mismo espacio hace cuatro años, el clamor nacional para que Toledo solucionara el 'caso Zaraí' no era una intromisión en su vida privada sino un reclamo para que pudiera gobernar.

Cualquiera que atraviese por un dilema personal merece comprensión y respeto por su intimidad. Pero cuando un asunto privado puede llegar a afectar el desempeño público de un Presidente, este tiene la obligación de resolverlo con el fin de que no pierda la credibilidad que requiere para gobernar el país.

En este sentido, la manera como García ha manejado la admisión de su sexto hijo le ha permitido devolver el tema del terreno público al que se estaba asomando, al privado, con lo cual ha minimizado el efecto político negativo que este hecho habría tenido.

LO CENTRAL DE LA BANCA : URGE COMPLETAR BIEN EL NUEVO DIRECTORIO DEL BCR

A las 9 a.m. de hoy, el presidente Alan García se reunirá en Palacio con Julio Velarde, el flamante presidente del BCR. Media hora después, se sumarán los tres integrantes del directorio que -de acuerdo con la Constitución- ya fueron designados por el Poder Ejecutivo: José Chlimper, Carlos Raffo y José Valderrama.

Es una lástima, sin embargo, que a casi tres meses de iniciado el Gobierno, el directorio todavía no pueda sesionar con todos sus nuevos miembros.

La razón es la dilatada negociación entre los partidos políticos representados en el Congreso para ponerse de acuerdo sobre las tres personas que faltan elegir para completar el directorio que debe gobernar el BCR durante el lustro siguiente.

La decisión es relevante por la importancia de la misión del BCR para preservar la estabilidad de la moneda a través de la regulación monetaria y la administración de las reservas internacionales.

El Apra conoce bien la trascendencia del BCR, pues el descontrol que se produjo ahí entre 1985 y 1990 fue el factor decisivo en la hiperinflación histórica ocurrida en dicho período. Por ello es tan importante la señal que se proyecte a través de la conformación de su directorio. El mensaje transmitido con la designación de los cuatro primeros miembros ha sido muy positivo. Lo mismo debería ocurrir con los otros tres.

Es obvio que su elección en el Congreso es de naturaleza política, pues las agrupaciones ahí representadas preferirán técnicos cercanos a sus ideas. No darse cuenta de ello sería ingenuo.

Esto no es un impedimento, sin embargo, para que opten por profesionales solventes que ejerzan el cargo sin representar a entidad ni interés particular algunos, y con la capacidad de trabajar en equipo, que es lo que necesita el BCR, tal como ya lo ha demostrado durante el lustro previo. Ojalá que esto suceda cuanto antes.

Finalmente, es importante realizar una reforma constitucional con el fin de que los miembros de su directorio se renueven de manera escalonada, uno por año, lo cual ayudaría mucho al mantenimiento de una política monetaria sana y estable.

TOLEDO INVESTIGADO : LOS RIESGOS DE LA COMISION QUE SE HA CREADO

La formación de una comisión parlamentaria para investigar las denuncias de corrupción en el Gobierno del presidente Alejandro Toledo es parte de la tradición nacional por la que toda nueva administración gubernamental promueve una pesquisa a la que estuvo antes en el poder.

Si se llega a cumplir esta tradición en su integridad, dicha investigación no va a llegar a nada interesante vinculado a la motivación aparente de la formación de la comisión, es decir, la identificación de delitos realizados en el Gobierno.

El problema con esta comisión no es que no haya pan por rebanar, pues existen indicios de que entre los años 2001 y 2006 se produjeron varios incidentes que deben ser investigados, sino que buena parte de ellos ya se encuentra en el Poder Judicial.

En este sentido, existe el riesgo de que la intervención parlamentaria a través de esta comisión produzca una interferencia perniciosa que no ayude a la cabal investigación de estos procesos y, por tanto, no contribuya a la eventual sanción si esto finalmente corresponde.

Lo más probable es que, como suele ocurrir con la mayoría de grupos de trabajo que se forman en el Congreso para investigar delitos, esta comisión parlamentaria -que sería presidida por el upepista José Vega Antonio- servirá, principalmente, para que sus integrantes logren notoriedad con intervenciones mediáticas que podrán ser muy lucidas, aunque, lamentablemente, quizá no muy lúcidas. Esto ha contribuido al descrédito de estas comisiones parlamentarias ante la opinión pública.

Asimismo, como también ha sido la folclórica tradición en el país, se corre el peligro de que esta comisión se convierta en un arma para la negociación política, como parte de un toma y daca entre las distintas agrupaciones vinculadas al proceso.

En el contexto actual, además, no puede dejarse de hacer notar el diferente interés que se percibe en el Gobierno en relación con las investigaciones a las presidencias de Toledo y Alberto Fujimori, cuando es evidente que la magnitud de los problemas por resolver es claramente desigual.

CASTAÑEDA EN LILIPUT : ¿COMO USAR SU RESPALDO SOLIDO EN SU SEGUNDO PERIODO ?

A cincuenta días de su definición, la competencia por la alcaldía de Lima todavía no calienta y parece que el clima político será el mismo, al menos durante las próximas semanas. Quizá la temperatura se eleve un poco en el último mes, pero el pronóstico no apunta precisamente en esa dirección.

Los motivos son obvios. Primero, la población salió cansada de la última campaña presidencial porque esta fue muy prolongada -empezó con mucha anticipación- y desgastadora, tanto para los candidatos como para los electores.

Segundo, como la diferencia que Luis Castañeda les ha sacado a sus rivales es tan amplia, la competencia se ha puesto aburrida y parece la crónica de una elección anunciada. El voto válido del actual alcalde que registra la última encuesta de la Universidad Católica -76.4 por ciento- es más de tres veces superior al de los otros ocho candidatos juntos.

En todas las categorías evaluadas por la encuesta, Castañeda derrota a sus competidores. El elector lo percibe como el más honesto, el que escucha mejor a los vecinos, el que tiene la mayor capacidad de reconocer errores, el que posee las mejores condiciones para tomar decisiones y el que puede convocar a un mejor equipo de trabajo.

De este modo, la mezcla del cansancio electoral de la gente con la sensación de que Castañeda está haciendo un buen trabajo, junto con la estrategia ausente que este viene aplicando, ha logrado que la campaña no le interese al limeño y que este asuma que las cosas ya están decididas.

Si a ello se agrega el bajo reconocimiento, por parte de la población, de la mayoría de los otros candidatos, el resultado final a favor de Castañeda parece prácticamente asegurado. Incluso, podrían observarse algunas bajas en la competencia antes de que esta culmine, empezando por la del representante del Partido Aprista.

Si así ocurre finalmente, ¿cómo aprovechará Castañeda un respaldo tan sólido durante su segundo período municipal? Sería ideal que lo usara para lanzar un plan más ambicioso dirigido a la recuperación de una ciudad que, aunque ha mejorado algo, sigue siendo caótica.

EXAMEN BIMESTRAL : MUY BIEN COMO BOMBERO, "REGULARON" COMO ARMADOR

El presidente Alan García ha cumplido el segundo mes en el poder gozando de buena salud ante la opinión pública, con una aprobación que, si bien refleja una ligera caída respecto del sondeo previo, sigue siendo elevada: 58 por ciento a nivel nacional, según Apoyo.

La relativamente alta aprobación inicial del primer bimestre obedece a la sensación de una gerencia política mucho más hábil en relación con el gobierno previo.

Durante la administración del presidente Alejandro Toledo se sentía, por prolongados momentos, una ausencia del Gobierno, con problemas que le explotaban en la cara sin que este tuviera capacidad de reaccionar ante los mismos.

En cambio, ahora se percibe una conducción política con la cual incluso se podría discrepar pero, al menos, existe una. Esto se expresa en varias características. Primero, en la capacidad de poner la agenda del debate público, con frecuencia saltando de un tema a otro de manera desordenada, pero buscando establecer un liderazgo en la fijación de los asuntos que hacen noticia.

La segunda característica que exhibe el gobierno de García -que lo diferencia del de Toledo- es la capacidad de reaccionar, sobre la marcha, ante los problemas que se le van presentando, en algunos casos por un mal cálculo político. Desde el relevo de algunos viceministros en los que se encontró, luego de su designación, problemas potenciales o reales, hasta -hace poco- la inmediata marcha atrás en el nombramiento de una integrante del directorio del canal del Estado que produjo alguna polémica. El Gobierno parece interesado en curarse en salud y evitarse líos mayores.

El tercer factor que está contribuyendo al buen momento del régimen de García es la capacidad de abocarse a la indispensable solución de los 'incendios' que, naturalmente, se presentan en toda gestión pública, tarea en la que destaca el papel del premier Jorge del Castillo.

Como 'bombero', el Gobierno lo viene haciendo muy bien. La asignatura en la que todavía está cojeando es la capacidad para perfilar una visión estimulante de largo plazo para el país.

NO SE VE BIEN

La renuncia de una integrante del directorio a las pocas horas de ser designada y el despido de una conductora de su noticiero nocturno han puesto en la picota a TV Perú y en la agenda del debate público, el papel del canal de televisión del Estado.

Por un lado, el nombramiento de la periodista Beatriz Llanos de la Mata Cabanillas produjo algunas críticas aisladas de algunos medios debido a que su madre es Mercedes Cabanillas, la presidenta del Congreso, las cuales la habrían llevado a declinar en su designación.

Es cierto que, luego de los frecuentes casos de nepotismo ocurridos durante el gobierno de Alejandro Toledo, la opinión pública está alerta a las situaciones eventuales de influencia familiar en los nombramientos en cargos públicos. Por ello, esta designación podría ser interpretada como un error político a pesar de que Llanos de la Mata no puede ser comparada en modo alguno con, por ejemplo, 'Coqui' Toledo, toda vez que se trata de una profesional con los méritos suficientes para aportar ideas inteligentes en el directorio del canal del Estado. Por ello, no debió renunciar.

Por el otro lado, el despido de la periodista Karina Borrero, debido a unas declaraciones suyas que son discrepantes con algunas decisiones tomadas por la directiva del canal, deja un mal sabor respecto del camino que podría adoptar la emisora del Estado.

Es cierto que, cuando se produce un desacuerdo con las políticas aplicadas por la empresa periodística en que se trabaja, es mejor airear las diferencias internamente, 'lavar los trapos sucios en casa' y, si se identifica una discrepancia insalvable, optar por la renuncia con dignidad. A pesar de ello, el despido de la periodista parece un exceso que, en todo caso, acaba perjudicando la imagen del propio canal del Estado.

La nueva administración de TV Perú debería 'pisar pelota', adoptar un perfil más bajo que el de los primeros dos meses y plantear un programa de trabajo que garantice las condiciones para que el canal no sea utilizado como un arma del gobierno de turno sino como instrumento del Estado.

GUATEMALA A GUATEPEOR :EL VOTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Hugo Chávez acaba de retomar sus ataques al Perú afirmando que la elección de Alan García "fue dudosa" y que "le hicieron fraude" a Ollanta Humala, algo que ni siquiera este cree.

Por el contrario, el 'nacionalista' ya parece consciente de que la elección 'se la robó', precisamente, el caribeño prepotente y su propia incapacidad de tomar distancia de él. Es irónico, además, que un consuetudinario ladrón electoral como Chávez hable de fraude en las urnas.

A nadie le debería sorprender el comportamiento bravucón de Chávez, pero no por ello deja de sorprender que su invicta impertinencia ni siquiera se tome un recreo cuando debería estar sumando votos para su pretensión de que Venezuela logre la silla de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por la que compite con Guatemala.

Luego de todos los estropicios diplomáticos generados por Chávez, y una vez concluida la elección en el Perú, el Gobierno de Lima hizo los guiños necesarios para darle a entender a Caracas que, a pesar de las obvias diferencias, se podía tender el puente para un pronto retorno de los embajadores.

Sin embargo, Chávez se ha dedicado a petardear esta posibilidad a través de insultos recurrentes, que constituyen el rasgo más frecuente de su estilo financiado por el alza del precio del petróleo.

Esto simplemente posterga el eventual restablecimiento pleno de la relación diplomática con ese país, pero hay una decisión ineludible, programada para el 16 de octubre, que el Gobierno peruano debe tomar, entre Venezuela y Guatemala, para ocupar uno de los dos sitios que le corresponden a América Latina en el Consejo de Seguridad.

Emocionalmente, lo que provoca es meterle una buena patada (diplomática) en el trasero al tiranuelo venezolano y votar por Guatemala. La política exterior, sin embargo, no se conduce con la pasión sino con la cabeza y con el interés estratégico de largo plazo de la nación.

Desde ese punto de vista, al Perú le convendría más votar por Venezuela, aunque lo deseable sería que, finalmente, se tenga que optar por un tercer país de consenso.

LOS UNOS Y LOS OTROS : EL NECESARIO RESPETO A LA EQUIDAD DEL GOBIERNO

El anuncio presidencial sobre el financiamiento, por parte del Estado, de la defensa judicial de los militares y policías procesados por supuestas violaciones de derechos humanos durante los ochenta y noventa refleja un problema que se está reiterando en los casi dos primeros meses del gobierno de Alan García.

Este ha lanzado, en general, medidas bien intencionadas que, por no haber sido adecuadamente pensadas y procesadas antes de anunciarlas, acaban enredadas a la hora de ponerlas en práctica. Asimismo, se trasluce un débil entendimiento de la capacidad discrecional que posee el Gobierno en la toma de decisiones de la gestión pública.

En relación con la defensa legal de militares y policías, hubiera sido conveniente que el Gobierno reglamentara adecuadamente la medida, previamente a su anuncio, para evitar que el ministro de Defensa se vea en la necesidad de ofrecer una respuesta apurada en el sentido de que "no se defenderá a todos sino solo a aquellos que realmente lo merezcan".

Si se preserva el principio de presunción de inocencia, la defensa debería incluir -lamentablemente- a todos, porque un ministro no es nadie para apropiarse de la función de un juez, quien es, finalmente, el que decide la culpabilidad de un procesado.

Asimismo, la defensa judicial que ofrece el Estado debe ser equitativa para todas aquellas personas a las que legalmente les corresponda este derecho. Por ello, ante el planteamiento de algunos ex integrantes de la CVR sobre quién defenderá judicialmente a los parientes de víctimas del terrorismo y violaciones de los derechos humanos, es inapropiada la respuesta del Gobierno en el sentido de que para eso existen los abogados de oficio.

¿Por qué los militares y policías no pueden ser defendidos por los mismos abogados que los civiles? Esto implicaría que el Gobierno ofrezca una defensa judicial con dos categorías de abogados: los 'buenos' para unos, los 'malos' para otros.

Sería mejor que, en el futuro, el Gobierno piense bien el efecto de sus medidas antes de anunciarlas. Y que trate a todos por igual.