AUGUSTO ALVAREZ RODRICH

Director del Diario Perú 21

jueves, agosto 17, 2006

CURSO DE TAQUIGRAFIA : ENTRE LA CONSISTENCIA Y EL CONTRAPESO EN EL GOBIERNO

Varias versiones dan cuenta de la incomodidad del presidente Alan García por las expresiones públicas de los ministros que han sido discordantes con su propuesta para instaurar la pena de muerte a los violadores y asesinos de menores, lo cual habría sido el tema central de una reciente sesión del Consejo de Ministros, pero es una mala señal que, hasta el momento, ninguno de sus integrantes haya manifestado su molestia por un presidente que los descoloca con planteamientos que ellos recién se enteran por la prensa.

Por el contrario, la respuesta lamentable que han ofrecido algunos ministros ante la constatación de la discrepancia es que, finalmente, su opinión personal no es importante, pues lo que verdaderamente interesa es la posición del jefe de Estado.

Esto se suma al hecho de que la mayoría de ministros no conoció el mensaje inaugural del presidente, el cual incluyó más de una medida específica que hubiera sido conveniente que el gabinete la pudiera haber evaluado antes de ser anunciada ante el Congreso.

La relación entre el presidente y los ministros es un asunto crucial en la fluidez de la operatividad del gobierno, y es especialmente espinoso en el caso de García debido a que, en su primer régimen, este trató a los responsables de las carteras ministeriales como simples secretarios, y la mayoría de estos se comportó como unos 'sí, señores'.

Ciertamente se debe tratar de armonizar la consistencia indispensable que requiere un gobierno para que no proyecte la imagen de ser un club de tertulia con la necesidad de que el Consejo de Ministros sea una instancia de real evaluación -y hasta de contrapeso- a las posiciones que plantee el jefe de Estado.

La solución a esta búsqueda del equilibrio ante ambos requerimientos es una estrecha coordinación entre el presidente y los ministros, lo cual debería expresarse en que las propuestas del primero hayan sido previamente evaluadas por los segundos, quienes finalmente son, de acuerdo con el mandato constitucional, los que asumen la responsabilidad por las acciones y decisiones del gobierno.